La IA no hizo trampa: el examen en línea de la UNAM

En corto

• La UNAM pagó 41.8 millones de pesos por aplicar y vigilar unos 158 mil exámenes en línea: alrededor de 264 pesos por aspirante.
• El contrato exigía notario público para cargar los reactivos a la plataforma, y un supervisor humano por cada 150 pantallas durante la aplicación.
• El corte de Medicina en CU pasó de un promedio histórico cercano a 60 aciertos a 117 de 120. Unos 5,000 aspirantes con puntajes que en años previos les habrían dado lugar quedaron fuera.
• Si el fraude ocurrió en tiempo real y no por filtración del examen, nadie incumplió el contrato. Y entonces no hay a quién cobrarle.

Durante los últimos días una frase se repitió en titulares, en sobremesas y en timelines: la inteligencia artificial hizo trampa en el examen de admisión de la UNAM.

Vale la pena detenerse en esa frase, porque es falsa en un sentido literal y aburrido, y muy reveladora en otro.

La inteligencia artificial no se registró a la convocatoria. No decidió mover el examen de un aula a una sala de estar. No redactó los dieciséis mecanismos de seguridad de un contrato de cuarenta y un millones de pesos. No determinó que bastaba con un supervisor humano por cada ciento cincuenta aspirantes. No grabó tutoriales en TikTok explicando dónde queda el punto ciego de una cámara web. No compró una cámara de 360 grados ni escondió un audífono negro bajo el cabello largo. No abrió una cuenta para vender respuestas a mil quinientos pesos. No firmó la denuncia penal ni ordenó suspender las inscripciones de miles de estudiantes a tres días de que empezaran.

Cada una de esas cosas la hizo una persona. Algunas, con nombre y cargo. Otras, con una tarjeta de crédito y una decisión tomada en la madrugada del domingo del examen.

Que la conversación pública se haya organizado alrededor de un sujeto que no existe —«la IA»— no es un accidente semántico. Es enormemente conveniente. Si el culpable es una tecnología, entonces el fracaso es una fatalidad, algo que nos pasó, como una helada o un temblor. Nadie tiene que explicar por qué se decidió lo que se decidió. Nadie tiene que devolver un peso. Y sobre todo: nadie tiene que revisar la idea de fondo, que es la que realmente se rompió.

Lo que sabemos

Los hechos, brevemente, porque conviene tenerlos ordenados.

Por primera vez en su historia, la UNAM aplicó el examen de ingreso a licenciatura completamente en línea. Lo presentaron alrededor de 158 mil aspirantes durante tres fines de semana de mayo y junio. El 3 de julio, antes de publicar resultados, la universidad interpuso una denuncia penal contra personas y empresas que habrían vendido servicios fraudulentos a familias. El 17 de julio salieron los resultados: unos 21,962 lugares repartidos, más de 133 mil aspirantes fuera. Alrededor del 2% de los exámenes —unos 3,174— fue anulado por conductas contrarias a la convocatoria.

Entonces los datos empezaron a hablar.

Analistas independientes notaron que la distribución de aciertos de 2026 no se parecía a la de ningún año anterior. En Médico Cirujano de la Facultad de Medicina, el promedio histórico había oscilado entre 59 y 62 aciertos de 2021 a 2025; este año se disparó a 78. El corte —el puntaje del último aspirante que alcanzó lugar— llegó a 117 de 120 posibles. En las FES Zaragoza e Iztacala, las medianas subieron 27 y 28 aciertos respectivamente. La cantidad de aspirantes con 110 aciertos o más creció casi seis veces respecto al año previo.

Y el dato que debería doler más: un análisis del ITAM estimó que cerca de cinco mil aspirantes quedaron fuera pese a haber obtenido puntajes que en años anteriores les habrían dado un lugar. Alrededor del 3% de quienes participaron. No son tramposos detectados. Son personas que estudiaron, respondieron bien, y perdieron su lugar porque el piso se movió debajo de ellas.

El 21 de julio el rector ordenó un informe y convocó una comisión técnica. El 24 de julio, la universidad suspendió la entrega de documentos e inscripciones de todo el primer ingreso, que debía arrancar el 27.

Lo que costó, y lo que se compró con eso

Aquí es donde el caso deja de ser una historia sobre estudiantes deshonestos y se vuelve otra cosa.

La universidad justificó públicamente el cambio de modalidad por otras razones: ampliar la cobertura geográfica del proceso, reducir los gastos de traslado de los aspirantes del interior del país y disminuir la contaminación derivada de los materiales impresos y los desplazamientos masivos. Son argumentos razonables, y el segundo es cierto: a muchas familias les ahorró transporte, hospedaje y un día de trabajo perdido. Pero hay un dato que no formó parte de la justificación y que conviene tener a la mano: comparada con el operativo presencial de 2025, la modalidad en línea le representó a la institución un ahorro de 7 millones 362 mil pesos.

La UNAM contrató a la empresa mexicana Territorium Life para operar la plataforma. El contrato base fue de 40 millones 703 mil pesos por un mínimo de 154 mil exámenes remotos, con 264 pesos adicionales por cada prueba excedente. El total pagado: 41 millones 868 mil 156 pesos.

Eso es aproximadamente 264 pesos por cada aspirante vigilado.

¿Qué compraban esos 264 pesos? Dieciséis mecanismos de seguridad pactados: reconocimiento facial en tiempo real contra la fotografía oficial; monitoreo con IA de ruidos, voces, presencia de terceros y objetos prohibidos; bloqueo de navegadores externos, de plataformas como ChatGPT, de la función de copiado, de pantallas secundarias y de la grabación de pantalla; cifrado de los datos. Y validación humana: 74 supervisores, uno por cada 150 aspirantes.

Deténgase ahí. Un supervisor por cada 150 personas examinándose simultáneamente.

Ese número, por sí solo, explica casi todo.

Cuando la UNAM salió a aclarar que la inteligencia artificial no cancela exámenes automáticamente, que solo genera alertas y que la decisión final siempre corresponde a personal universitario, dijo algo técnicamente cierto y prácticamente vacío. Nadie supervisa 150 transmisiones de video en vivo. Lo que hace un supervisor humano en esa proporción es atender la fila de incidencias que la máquina ya decidió mostrarle. La revisión humana no corrige el criterio del sistema: lo ratifica más rápido.

Y de ahí salen las dos fallas simultáneas, que parecen contradictorias pero son la misma.

Por un lado, el sistema no vio lo que no sabía mirar. Las guías que circularon en TikTok antes del examen no describían ningún exploit sofisticado: describían rodeos analógicos al perímetro digital. Un segundo celular en el punto ciego de la cámara. Un audífono negro escondido bajo el pelo. Compartir la pantalla por Discord para que alguien más dictara el inciso. Una cámara web de 360 grados que mantenía al aspirante siempre encuadrado mientras otra persona respondía fuera de cuadro. Ninguna de esas cosas requiere hackear el navegador seguro. Solo requieren entender que una cámara frontal ve hacia adelante.

Por el otro, el sistema sí escaló agresivamente lo que sabía puntuar. Decenas de aspirantes denunciaron cancelaciones por cortes de luz, caídas de internet, ruido de la calle, un familiar que pasó detrás. Hubo una petición pública alegando que la prueba estaba evaluando las condiciones materiales del hogar, no los conocimientos. Ese reclamo ya había aparecido en el examen de bachillerato de noviembre pasado.

Junte las dos mitades y sale la conclusión incómoda: la vigilancia no fue insuficiente. Fue exacta en la dimensión equivocada. Fue implacable con el ruido del cuarto y ciega ante la cámara de 360 grados. Y esa asimetría no es aleatoria: castigó al que examina desde una vivienda compartida y dejó pasar al que pudo comprar equipo.

Hay un detalle del expediente que vuelve esa asimetría casi didáctica. El examen lo diseña la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativo de la propia UNAM, y para cargar las versiones completas a la plataforma el contrato exigía la presencia simultánea de un notario público, personal de la Auditoría Interna, un representante legal de Territorium y otro de la Dirección General de Administración Escolar. Todo el banco de reactivos debía viajar, almacenarse y procesarse con cifrado avanzado, accesible solo para operadores autorizados.

Es decir: ceremonia notarial para proteger el documento, y un supervisor por cada ciento cincuenta pantallas para proteger el examen.

Ese desbalance no es negligencia, es un modelo de amenaza heredado. Durante décadas, la única forma de vencer un examen masivo fue conseguirlo antes: robar el sobre, comprar al que lo imprime, filtrar el banco. Contra eso se construyeron el notario, el cifrado y la cadena de custodia, y funcionaron —hasta donde se sabe, nadie ha probado que se filtrara una sola pregunta—. Pero el ataque de 2026 no necesitó conocer el examen por adelantado. Ocurrió en tiempo real, dentro del cuarto del aspirante, mientras el reloj corría. Toda la imaginación de seguridad estaba puesta en el activo equivocado.

El precio contractual del fracaso

Falta un número.

El contrato prevé que, si se confirman fallas o negligencia en alguno de los dieciséis mecanismos, o si se acredita una filtración del banco de reactivos, Territorium Life pague una penalización del 10% del monto total: hasta 4 millones 180 mil pesos.

Póngalo junto a lo demás. El fracaso total del proceso de admisión de la universidad pública más grande del país está tasado, contractualmente, en 4.18 millones de pesos. El ahorro que motivó parcialmente el cambio de modalidad fue de 7.36 millones. Es decir: incluso pagando la multa completa, la operación sigue cerrando en números negros para la institución.

No es una acusación de mala fe contra nadie. Es una descripción de cómo estaban repartidos los incentivos. El costo real de lo que ocurrió no lo absorbe la universidad ni el proveedor. Lo absorben los cinco mil aspirantes desplazados, que no firmaron ningún contrato y no tienen cláusula de penalización a la cual acogerse.

Y falta el giro que cierra el argumento. Consultada por El Sol de México, Territorium respondió que no puede validar la interpretación jurídica que se le planteaba, y sostuvo que la plataforma operó conforme a lo previsto durante la aplicación en línea, igual que en los procesos que ha realizado para la UNAM desde 2024.

Lo interesante es que todo apunta a que es verdad. Y ése es exactamente el problema.

Un contrato solo puede castigar el incumplimiento de una especificación; no existe cláusula para una especificación obsoleta. Si se hubiera filtrado el banco de reactivos, habría responsable identificable y la multa de 4.18 millones sería exigible. Pero si lo que hubo fue asistencia en tiempo real desde fuera de cuadro —que es lo que apunta toda la evidencia pública disponible—, entonces el reconocimiento facial reconoció caras, el navegador bloqueó navegadores, el cifrado cifró, los setenta y cuatro supervisores atendieron sus alertas, y nadie incumplió absolutamente nada. El sistema hizo con precisión lo que se le pidió que hiciera.

Cinco mil personas quedaron fuera de un proceso en el que, jurídicamente, todo funcionó bien.

Ahí está el vacío, y no es un enigma filosófico sobre la naturaleza de la inteligencia artificial. Es un problema de diseño contractual: nadie escribió la cláusula que cubría lo que efectivamente pasó, porque nadie lo imaginó. La ausencia de culpable no significa que no hubo decisiones. Significa que las decisiones se tomaron mirando el riesgo anterior.

Y aquí es donde regresamos al principio. Decir que «la IA hizo trampa» borra exactamente esta parte: los contratos, los márgenes, las proporciones de supervisión, las decisiones de compra. La herramienta es la coartada perfecta porque no tiene patrimonio, no tiene domicilio fiscal y no puede ser citada a comparecer.

El primer problema real: cómo evaluamos

La reacción intuitiva es pedir más candados. Mejor proctoring, más IA, más sensores, un navegador más seguro. Es la reacción equivocada, y no hace falta creernos: lo dice la propia industria que vende la vigilancia.

Los análisis del sector reconocen que la supervisión automatizada fue diseñada para conductas visibles y definibles —cambiar de pestaña, sacar el celular, otra persona en cámara— y que la asistencia por IA frecuentemente no deja ningún rastro visible. Reconocen también que, una vez que una generación de estudiantes ha visto videos de «cómo derrotar a Proctorio», el valor disuasivo de la cámara apuntando a la cara se evaporó. La conclusión que sacan es la misma que sacamos aquí: hay que rediseñar la evaluación, no la vigilancia.

Algunas universidades ya lo están haciendo. La Universidad de Bath abandona desde este ciclo su viejo esquema por un enfoque de «dos carriles» desarrollado por la Association of Pacific Rim Universities: evaluaciones abiertas, donde el uso de IA generativa es opcional o incluso parte integral del ejercicio —porque en el mundo laboral se espera que se use bien—, y evaluaciones cerradas, presenciales, supervisadas, acotadas en tiempo. Cardiff estudia adoptarlo. La gracia del modelo no es la nostalgia por el papel: es dejar de fingir que una tarea que la máquina resuelve en segundos sigue midiendo algo del estudiante.

También conviene mirar los costos del camino contrario. En Australia, el aumento de casos de presunta mala conducta con IA llevó a que una universidad registrara miles de expedientes, de los cuales una porción sustancial terminó desestimada. El punitivismo automatizado no solo falla en atrapar: produce sus propias víctimas y erosiona la confianza que decía proteger.

Un examen de opción múltiple de 120 reactivos, aplicado a distancia, mide algo que la tecnología ahora resuelve mejor que casi cualquier persona de 18 años. No es un problema de disciplina. Es un problema de diseño.

El segundo problema real: el que cuesta más admitir

Es muy fácil decir «trampa». Es una palabra que ordena el mundo rápido: hay honestos y hay tramposos, hay mérito y hay robo. Y por eso mismo funciona tan bien como tapón.

Porque debajo hay un dato que no cambia con ninguna comisión técnica: el propio rector de la UNAM ha señalado que alrededor de 200 mil egresados de bachillerato al año no consiguen lugar en ninguna universidad. Este año, en el Área de Ciencias Biológicas y de la Salud, solo el 6.6% de quienes presentaron el examen obtuvo un lugar. Médico Cirujano en Ciudad Universitaria tuvo 16,411 aspirantes para 176 lugares.

Un embudo así no es un instrumento de medición. Es un mecanismo de racionamiento que llega al final de una trayectoria de doce años profundamente desigual, y que le pide a un joven de dieciocho que compense en tres horas lo que el sistema no le dio en una década. Cuando el margen entre entrar y no entrar es de tres aciertos, la diferencia rara vez la explica el esfuerzo: la explica el bachillerato al que se pudo asistir, el curso de preparación que se pudo pagar, el cuarto propio donde se pudo estudiar.

Y conviene decirlo con todas sus letras: ese embudo es una decisión de política pública, no un hecho de la naturaleza. Entre los ciclos 2000-2001 y 2018-2019, la demanda interna de la UNAM —la de sus propios bachilleratos, que ingresan por pase reglamentado— creció alrededor de 54% y fue atendida al cien por ciento, año tras año. En el mismo periodo, la demanda externa se multiplicó por cuatro: de unos 64 mil a más de 261 mil aspirantes. Se crearon instituciones, pero ninguna a la escala de la demanda ni con el peso suficiente para redirigirla. El estrangulamiento no ocurrió: se administró.

Este año la aritmética lo dice sin adornos. Por el concurso de selección entraron 21,962 personas. Por pase reglamentado, 28,151. Ingresaron más estudiantes de primer ingreso sin presentar este examen que a través de él. No es un reproche contra ellos: el pase es legítimo y la Universidad tiene todo el derecho de formar a sus propios egresados. Es un señalamiento sobre dónde se decide realmente el acceso. Para la mayoría, la puerta se cerró tres años antes, a los quince, en otro examen, cuando se repartieron los lugares en las preparatorias que después dan pase directo. El concurso del que todos hablamos esta semana es la segunda ronda de un reparto que ya venía hecho.

Y este año, además, el examen se mudó a la casa. Eso significó ahorros reales para muchas familias —transporte, hospedaje, un día de trabajo perdido— y significó también que la casa entrara a la evaluación. El ancho de banda, la estabilidad de la luz, el silencio, la posibilidad de tener un cuarto para uno solo durante tres horas: todo eso dejó de ser contexto y pasó a ser variable medida. Se puede discutir si fue justo. Lo que no se puede discutir es que se distribuye exactamente igual que el ingreso.

Contra ese fondo, reprochar individualmente a quien no se sobrepuso —y celebrar como prueba de que «sí se puede» los casos excepcionales— es una forma de gritar muy fuerte para no escuchar. Ese género de historia, el del joven que estudió en condiciones imposibles y sacó puntaje perfecto, circula precisamente porque es raro: si fuera representativo no sería noticia. Y casi siempre, cuando uno lee la nota completa, aparece el detalle que la volvía posible. Una madre que sostuvo la casa sola para que él no tuviera que trabajar. Un maestro que prestó una computadora. Un tío con internet. Aparece, en suma, el andamio. Lo que celebramos como mérito puro suele ser mérito real más un andamio que la mayoría no tiene. Usar esas historias como vara para medir a los demás no es exigencia: es una manera elegante de cambiar el tema.

Pero hay que decir la otra mitad, porque si no el argumento se vuelve complaciente: la trampa tampoco emparejó el piso. Requería una segunda pantalla, una cámara adicional, alguien disponible del otro lado, mil quinientos pesos para una cuenta de Telegram. Fue capital tecnológico compitiendo con capital escolar, y el capital tecnológico también se hereda. No corrigió la desigualdad: le cambió el instrumento. Quien no tenía para la webcam quedó igual de fuera, solo que ahora además bajo sospecha, y con la certeza —esta vez estadísticamente fundada— de que el lugar que no obtuvo se lo llevó alguien que pudo pagar por él.

Ese es el saldo más amargo de la semana. No que unos jóvenes hicieran trampa. Que un sistema incapaz de ofrecer lugares suficientes haya terminado enseñándole a una generación entera que la desigualdad se compensa comprando mejor equipo.

El nuevo piso

Cerramos con lo que más nos preocupa, y lo enunciamos como hipótesis, no como hecho.

El corte de la UNAM no es un requisito fijado de antemano. Es el puntaje del último aspirante que alcanzó lugar. Es decir: el umbral lo produce la propia generación. Con cupo fijo, quien hace trampa no «se roba un lugar» en abstracto: empuja mecánicamente el piso hacia arriba para todos los demás. Es una transferencia directa y cuantificable, no una falta moral difusa.

Ahora bien: ese número inflado ya se publicó. Ya está en las tablas de aciertos mínimos que las academias comerciales difunden como meta de estudio. En unos meses, un joven que quiera Medicina abrirá una guía y leerá que necesita 117 de 120.

Si nada cambia, esa cifra le dirá dos cosas al mismo tiempo. Que la meta legítima subió a un lugar casi inalcanzable. Y que el año pasado hubo un atajo que funcionó. La conclusión racional para quien no tiene margen de error es evidente, y no depende de su carácter. Así se construye un bucle: la trampa mueve el corte, el corte se publica como meta, la meta vuelve obligatoria la trampa. Cada iteración degrada un poco más la relación entre el estudiantado y la institución que debía formarlo.

Frente a eso, la UNAM tiene cuatro salidas y ninguna es gratis. Validar los resultados consagra el corte inflado y confirma que el atajo sirvió. Anular selectivamente es lo que ya se hizo, y es precisamente lo que produjo cinco mil desplazados sin corregir el corrimiento estadístico. Repetir el examen en un entorno seguro cuesta muchísimo, castiga también a quien no hizo nada y no resuelve nada del año próximo. Rediseñar la evaluación es lo único que ataca la causa, y es lo único que no cabe en el calendario de agosto.

Que exista una comisión técnica, y que las inscripciones estén detenidas, sugiere que la primera opción ya se descartó de hecho. Bien.

Lo que quedará por ver es si el diagnóstico se detiene en el proveedor —una multa de 4.18 millones, un contrato reformulado, más candados el año que viene— o si alcanza el nivel donde realmente está la falla. Porque la tecnología volverá a fallar; siempre lo hace, y siempre por el mismo motivo: alguien decide qué mirar y necesariamente deja algo fuera de cuadro. La pregunta que importa no es cómo vigilar mejor a 158 mil personas.

Es por qué seguimos repartiendo el futuro de una generación con un instrumento que la inteligencia artificial resuelve en segundos, y qué tipo de aprendizaje valdría la pena medir en su lugar.

Y ya que estamos, seamos precisos con el reparto de cuentas, porque el argumento de este texto no es que nadie sea responsable. Es exactamente el contrario.

Es responsable quien copió sabiendo que copiaba. Es responsable quien grabó el tutorial y quien cobró mil quinientos pesos por unas respuestas. Es responsable quien decidió que un examen que define trayectorias completas podía aplicarse a distancia. Es responsable quien firmó dieciséis candados y un supervisor por cada ciento cincuenta pantallas. Es responsable quien tasó el fracaso total en el diez por ciento del contrato. Y es responsable la política de educación superior de cinco administraciones federales seguidas, de tres partidos distintos, que vio cuadruplicarse la demanda y respondió creando instituciones que nadie percibió como sustitutas de las que ya estaban llenas.

La lista es larga y cada renglón tiene nombre, cargo o RFC. Ninguno dice «inteligencia artificial».

Un modelo estadístico no comparece ante un juez, no devuelve un peso, no renuncia, no le da explicaciones a nadie. Por eso es un culpable tan cómodo. Y por eso lo vamos a seguir leyendo en los titulares cada vez que un sistema diseñado por personas haga exactamente lo que esas personas le pidieron que hiciera.

El 27 de julio deben empezar las inscripciones. Están detenidas, y nadie ha dicho cuándo se reanudan. Cuando esa fila finalmente se forme, cerca de cinco mil jóvenes que contestaron bien no van a estar en ella.

A ésos no los sacó ningún algoritmo.

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Notas y fuentes

Datos actualizados al 25 de julio de 2026. La comisión técnica de la UNAM no había publicado su informe al momento de escribir.

• Suspensión de inscripciones y comisión técnica: El Universal, La Razón
• Anulación del 2% y denuncia penal del 3 de julio: Expansión Política, Proceso
• Análisis estadísticos: Excélsior (Helios Ocaña), Telediario (José Manuel Toral), El Universal (Gerardo Guerrero, ITAM)
• Contrato con Territorium Life, penalización y ahorro: El Sol de México, El Imparcial, Sipse
• Métodos difundidos en redes: La Jornada, Crónica
• Cancelaciones cuestionadas y condiciones materiales: Infobae, Xataka México
• Rediseño de la evaluación: Times Higher Education (enfoque de dos carriles, Bath y APRU)
• Cobertura estructural: Observatorio de Políticas Educativas, IISUE-UNAM